Prostíbulos: una ley que empieza a cumplirse, con 75 años de retraso

A raíz del juicio por Marita Verón, en varias provincias clausuraron burdeles, aunque algunos volvieron a abrir. En Salta los prohibió una ordenanza, pese a que ya estaban prohibidos por una ley nacional de 1937. Córdoba avanzó también contra las whiskerías.



El inicio del juicio por el secuestro y la explotación sexual de Marita Verón, el 8 de febrero pasado, ha puesto en foco los prostíbulos, cuya existencia, por miles, es la prueba de que la ley 12.331 –en vigencia desde 1937– es la más amplia y sistemáticamente violada en todo el país. En varias provincias, las autoridades comenzaron a clausurar burdeles, aunque con diferente firmeza política.

Córdoba sancionó esta semana una ley para terminar con otro tipo de locales, por ser la puerta de entrada a la explotación y la trata. Y ya hay al menos un proyecto de ley nacional para penalizar al consumidor de prostitución.

La Municipalidad de Santa Rosa fue pionera en ese sentido, con una ordenanza promulgada en mayo de 2009; fue respaldada por una política de acompañamiento e inclusión social a las mujeres en situación de prostitución. Otras ciudades pampeanas se sumaron a la medida, y tres años después, de los 35 prostíbulos que había en la provincia, sólo funcionan cuatro, según informó a Clarin.com Mónica Molina, quien impulsó aquella medida.

Cabe recordar el artículo 15 de la ley 12.331, conocida como Ley de Profilaxis: “Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”. Además sanciona con multas a “los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente” prostíbulos, y con prisión de 1 a 3 años a los reincidentes.

Además, el Código Penal castiga a quienes promuevan o faciliten la prostitución (proxenetismo), aunque tiene las mismas fallas que la Ley de Trata, ya que el delito puede ser excarcelable cuando la víctima es mayor de 18 años, y le exige probar que no dio su consentimiento para ser prostituida o explotada.

Ninguna norma penaliza a quienes están en situación de prostitución. “Sin embargo, la violación de la ley está tan naturalizada, que la gente piensa que es al revés: que los prostíbulos están permitidos, y que lo prohibido es la prostitución callejera”, observa María Rosa Ponce, abogada de la Fundación María de los Ángeles.

Entre febrero y mayo, la Municipalidad de Paraná clausuró los ocho prostíbulos de la ciudad. Al modificarse la ordenanza respectiva, sus propietarios quedaron inhabilitados de por vida para tramitar cualquier licencia comercial. El burdel más emblemático fue refaccionado para que allí funcione el Área de la Mujer de la comuna. Al mismo tiempo, la intendencia encaró un plan integral que incluye asistencia a las mujeres, talleres de capacitación, asesoramiento y financiamiento para emprendimientos.

Nada de esto ocurrió en la Municipalidad de Tucumán, cuando su titular, Domingo Amaya, ordenó el cierre de 12 de los 17 prostíbulos. Esto ocurrió en marzo, y dos meses después, como pudo comprobar esta cronista, la mitad ya estaba funcionando de nuevo. La rotura de las fajas de clausura fue denunciada también por el diario “La Gaceta”, sin que las autoridades tomaran ninguna medida.

En Río Gallegos, Las Casitas –el barrio prostibulario más famoso de la Argentina, donde fueron a parar víctimas de trata que declararon como testigos en el juicio por Marita Verón– fueron cerradas por orden de la justicia federal en 2009. Si bien la Cámara Federal de Apelaciones inexplicablemente autorizó su reapertura, terminaron alquiladas como viviendas. Pero la explotación sexual se mudó a los “privados”, según informó a Clarin.com el periodista santacruceño Tarek Hallar; y pese al decreto que prohíbe la publicidad de oferta o demanda vinculada con el sexo pago, se promociona como “masajistas”, en avisos publicados en “Tiempo Sur”. “Todo sigue como si nada”, resumió Hallar.

El Concejo Deliberante de Salta tomó el 24 de marzo una decisión sorprendente: derogó la ordenanza 140, de 1927, que regía la habilitación de prostíbulos; esto significa que en la ciudad de Salta, la ley 12.331 fue violada durante 75 años con respaldo de una norma municipal. La concejala Frida Fonseca anticipó que también impulsará la derogación de la ordenanza 2.606, que regula el funcionamiento de whiskerías y cabarets, porque “crea un escenario propicio para el delito de trata”.

Con ese criterio fue que esta semana, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley 9.143, que prohíbe “la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación –de manera ostensible o encubierta– de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o locales de alterne”. Le da la categoría de contravención, y establece arresto por hasta 60 días, no redimible por multa.

La norma también determina la protección de las mujeres en situación de prostitución –en especial de las víctimas de trata–, y crea la “Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual”, lo que abre la puerta a políticas provinciales.

La flamante ley cordobesa no sólo fue resistida por las y los proxenetas, sino también por AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), quienes se definen como “trabajadoras sexuales” y establecen diferencias con la trata.

Pero la realidad indica –y esto se ve en las testigos que declaran en el juicio por Marita Verón– que son tres caras de un mismo problema: una misma mujer puede estar en situación de prostitución por cuenta propia, y al tiempo ser explotada por un “marido” (“fiolo”) o en un prostíbulo; y más adelante vendida y traficada a un burdel de otra ciudad, y luego volver a estar de manera independiente.

Del mismo modo, en un prostíbulo puede haber en el mismo momento esclavas sexuales que no son víctimas de trata porque llegaron por iniciativa propia, otras mujeres que pueden retirarse cuando lo desean, y otras que sí fueron traficadas. “La trata es el síntoma. La enfermedad es algo más amplio”, resume Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles.

Garmendia considera que, si bien es necesario modificar la legislación, se avanzaría muchísimo si sólo se cumpliera la que está en vigencia. “Antes que nuevas leyes provinciales, lo que hace falta es decisión política”, sostiene.

La prueba está en las experiencias de La Pampa y en el camino iniciado en Paraná. “Personalmente no supongo que la prostitución sea un trabajo, sino que tiene que ver con una práctica cultural que está vinculada a la miseria, a la pobreza y a la necesidad, como bien lo dicen muchas mujeres que la ejercen”, afirma la intendenta Blanca Osuna, quien prometió generar las herramientas para “erradicar la cultura hipócrita y pícara que lo naturalizó, y que plantea que no es malo para nadie”.

Fuente: Clarin

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