CUATROCIENTAS VICTIMAS FUERON LIBERADAS DE LA EXPLOTACION SEXUAL, UN TERCIO ERA MENOR DE EDAD
Por Mariana Carbajal
Página 12 (23 sept.2009)
La cifra corresponde al año y medio de vigencia de la ley que introdujo ese delito en el Código Penal. En el Día Internacional contra la Trata de Personas, que se conmemora hoy, un balance de aquella norma y los testimonios de quienes integran los equipos que contienen a las víctimas.
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viernes 2 de octubre de 2009
"El cliente es violador"
Por Mariana Carbajal
Página 12 (23 sept. 2009)
“En materia de trata, debería perseguirse penalmente a los clientes de prostitución: son violadores con todas las garantías”, consideró Eva Giberti, coordinadora del Programa Las Víctimas contra las Violencias y encargada de la capacitación en trata de personas de los equipos técnicos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Con una política de ese tipo, Suecia logró reducir la trata de mujeres para explotación sexual en un 80 por ciento, destacó la especialista.
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Página 12 (23 sept. 2009)
“En materia de trata, debería perseguirse penalmente a los clientes de prostitución: son violadores con todas las garantías”, consideró Eva Giberti, coordinadora del Programa Las Víctimas contra las Violencias y encargada de la capacitación en trata de personas de los equipos técnicos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Con una política de ese tipo, Suecia logró reducir la trata de mujeres para explotación sexual en un 80 por ciento, destacó la especialista.
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martes 18 de agosto de 2009
Las miserias de la pantalla
Fuente: Página 12. (16 agos.2009)
LA HISTORIA DE LA ANCIANA QUE SE PROSTITUYE Y FUE ENGAÑADA POR GELBLUNG EN LA TELEVISION
“Es una sinvergüenza. Me gustaría encontrarla y decirle que es una sinvergüenza, que hizo una nota que la robó y que me causó mucho daño”, dice Lucía, la mujer de 77 años en situación de prostitución que denunció que una notera del programa 70.20.10, que conduce Chiche Gelblung por Canal 13, grabó su testimonio después de decirle que la cámara estaba apagada. Con ella quisiera cruzarse para increparle su dolor y su bronca. Pero a pesar del enojo, la voz de Lucía suena dulce, aterciopelada como la de una abuela. Lucía siente rabia y se lamenta por las repercusiones que tuvo la difusión de su historia por la pantalla chica. Dice que la afectó enormemente en su “trabajo” en el barrio de Constitución, donde tiene su parada desde hace alrededor de seis años, y también en su salud, que ya estaba un poco averiada: después de que saliera al aire el informe en el que apareció de rostro y cuerpo entero, sin que por lo menos le borronearan las facciones, quedó internada en la Unidad Coronaria del Hospital Ramos Mejía, adonde todavía permanece con un problema cardíaco.
El episodio fue revelado por Página/12 en una columna de esta cronista, a partir de la denuncia de una monja, Olga Copite, de la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo, que junto con otras religiosas y también laicas recorren las calles de Constitución para acompañar a las mujeres que se ven obligadas a ganarse la vida como Lucía. Olga conoce a Lucía desde hace varios años. Y por estas horas, la visita con frecuencia en el hospital.
El hecho generó un debate al interior de distintos ámbitos periodísticos, entre ellos el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que conforman más de 270 socios, entre ellos, Magdalena Ruiz Guiñazú, Daniel Santoro (del diario Clarín), María Seoane (flamante directora de Radio Nacional), y Edgardo Esteban (corresponsal de Telesur). Fopea emitió esta semana un comunicado en el que repudió la utilización de la cámara oculta para arrancar el testimonio de Lucía. “Resulta evidente que, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, la cámara oculta del programa 70.20.10 arrasó con el derecho a la intimidad de la persona que apareció en el informe citado. El Código de Etica de Fopea, como muchos otros en el mundo, promueve el ‘tratamiento honesto de la información’, y en este caso ni siquiera se tuvo en cuenta que la víctima, de avanzada edad, podría ver afectada su salud al hacerse público un testimonio que ella intentó mantener en reserva en todo momento”, señala el comunicado de la entidad (ver aparte).
También cuestionaron el accionar del programa integrantes de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (PAR), la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar–Nacional), Elena Reynaga, y la presidenta del Inadi, María José Lubertino (ver aparte). Página/12 se comunicó con la producción del programa de Gelblung, pero desde allí se aclaró que no harían declaraciones.
Intimidad robada
“Después que salí en el programa me puse nerviosa, me agité. Ahora el médico me dijo que no puedo caminar más que una cuadra”, se lamenta Lucía, en el hall de entrada a la Unidad Coronaria del Ramos Mejía. Hasta hace unos minutos estaba acostada en una de las camas de la habitación colectiva del hospital que comparte con otras mujeres, la mayoría afectadas por el mal de Chagas. En el hall hay algunas sillas y se puede conversar con más tranquilidad, sin miradas curiosas.
Lucía está en camisón celeste, con tres botoncitos y alguna puntilla, de mangas largas y cuello cerrado. Calza pantuflas blancas. Sobre los hombros se acomodó un pulóver verde, tejido a mano, por si corre aire fresco. Por suerte, la tarde está cálida y no hace tanto frío.
Es difícil imaginar a Lucía “trabajando” en Constitución: tiene el aspecto de una abuela de Barrio Norte o Recoleta. No hay dudas de que tuvo en el pasado un buen pasar. Los cabellos claros, teñidos para ocultar las canas, los tiene prolijamente peinados hacia atrás con una vincha. Sus manos están cuidadas, y el rostro, sin maquillar, resplandece, a pesar de que lleva dos semanas de internación. Lucía aparenta bastantes menos años de los que tiene. Los ojos son claros, la piel también, muy blanca. Cuenta que es viuda desde hace unos treinta años, que su marido era un industrial y que ella tuvo una vida acomodada. “Me daba con cada gente que vos no sabés –se da corte, y sonríe con picardía–. Pero el corralito me aplastó. Perdí todo después del corralito”, dice. Entre sus pérdidas enumera un departamento propio, que tenía hipotecado y cuyo crédito no pudo pagar más. “Llegó un momento en que no tenía ni un peso para tomar un colectivo”, agrega.
Cuenta que vivió con su hija un tiempo pero que la relación entre ambas, que ya no era buena, se fue deteriorando y se terminó yendo de la casa. A la calle. “Estuve en la calle, uno o dos días pasé hambre, veía un café con leche y se me iban los ojos. Entonces, agarré para la iglesia de Lima y Constitución. Desde la oficina donde antes trabajaba veía siempre la punta de la iglesia. Tenía hambre, estaba con lo puesto”, el relato de Lucía se corta. Las palabras se le apagan con la congoja y el llanto. El recuerdo de aquel día la quiebra. “Y ahí llegué”, dice tragando lágrimas. Olga, la hermana de la Congregación de las Oblatas, le acaricia el hombro, le toma una mano, trata de consolarla.
Lucía cobra una pensión no contributiva, pero le queda poco, unos 200 pesos, porque tiene una deuda que está saldando. Vive en una pensión de Constitución, donde alquila una pieza pequeñita con un baño, por la que paga 850 pesos. Y tiene una lista de medicamentos extensa que debe comprar cada mes para sus nanas. Hasta caer internada, todos los días esperaba en su “parada” desde las tres de la tarde la llegada de sus “amigos”. “Quizás el encanto que tengo es que soy educada. Allá (en Constitución) eso vale, al menos para ciertas personas”, dice. Después de su salida en la tele, no apareció más ninguno de sus “amigos”.
Lucía tiene otro hijo, que la llama cada tanto pero que tiene problemas de salud y no puede ayudarla.
El día que la notera la encontró “yo estaba sentadita en mi sitio donde siempre me siento. Entonces, ella me dijo: ‘¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estás trabajando? Nosotros somos periodistas y queremos hacerte una nota’. Yo le dije: ‘No, por favor, notas no doy’. ‘Pero le vamos a hacer una preguntita nada más sobre Constitución’, me insistió. ‘Yo no voy a dar ninguna nota porque yo tengo familia, no los quiero perjudicar’”, dice Lucía que le dijo a la notera. Incluso, cuenta que le increpó que a ellas, las mujeres en situación de prostitución, suelen escracharlas mostrándolas sin borronearles el rostro, mientras que sí protegen la identidad de personas involucradas en delitos. Lucía dice que la notera le aseguró que la cámara estaba apagada, que siguieron conversando porque ella le creyó que no la filmaba, que así le contó que tenía 77 años, algunos achaques en la salud y otras cuitas.
Al día siguiente de ese encuentro, Lucía les contó a Olga y a otras integrantes de la congregación lo que le había pasado: que sólo había hablado con la cámara apagada. Enorme fue su sorpresa cuando el sábado 11 de julio salió al aire 70.20.10, y en uno de los informes “periodísticos” mostraron su rostro y sus comentarios, sin ningún filtro. En el mismo informe también fueron enfocadas algunas travestis y a ellas sí les borronearon la cara. “Me dio mucha rabia. Me gustaría encontrarla y decirle que es una sinvergüenza, que hizo una nota que la robó”, dice Lucía. “Todo el mundo vio el programa. Si pasaba gente por Constitución y me gritaba: ‘Te vimos en la tele’”, dice, indignada.
El informe con su rostro fue repetido en otros programas de otros canales. “Se han reído a carcajadas de mí”, se entristece. Le duele que mucha gente que la conocía y no sabía de su vida se enterara así por la TV sobre su intimidad, que ella se encuentra en situación de prostitución. “Me da vergüenza ir a ver gente que yo conocía porque ahora deben de saber que yo estoy donde estoy. Y antes nadie lo sabía. Quedé como una basura, como cualquier cosa. Moralmente me han perjudicado. Me han hecho mucho daño. A los ladrones les tapan la cara con la campera, pero a las mujeres, en general, las enfocan bien y las muestran”, se queja. Cuenta que no es la primera vez que las chicas que “trabajan” en Constitución tienen problemas con las cámaras de TV. “Hay periodistas que nos viven persiguiendo a las travestis y a las mujeres. Las chicas no quieren salir en la tele. Hay de todo en Constitución, van mujeres que necesitan ganarse el pan para darles de comer a sus hijos, para comprarles la ropita, mujeres a las que los maridos las han dejado. Las mujeres grandes hacen la de ellas y se van a sus casas. No quieren que las filmen”, dice Lucía.
Después de su aparición televisiva, Lucía casi no tuvo “trabajo”. Sus “amigos” ya no fueron a verla. Hoy está internada.
LA HISTORIA DE LA ANCIANA QUE SE PROSTITUYE Y FUE ENGAÑADA POR GELBLUNG EN LA TELEVISION
Tiene 77 años y la miseria la empujó a la calle. Desde hace seis “trabaja” en una parada de Constitución. El programa de Chiche Gelblung en Canal 13 mostró su testimonio, grabado sin el consentimiento de la mujer, a la que le dijeron que la cámara estaba apagada. Ahora está internada en una unidad coronaria
Por Mariana Carbajal
“Es una sinvergüenza. Me gustaría encontrarla y decirle que es una sinvergüenza, que hizo una nota que la robó y que me causó mucho daño”, dice Lucía, la mujer de 77 años en situación de prostitución que denunció que una notera del programa 70.20.10, que conduce Chiche Gelblung por Canal 13, grabó su testimonio después de decirle que la cámara estaba apagada. Con ella quisiera cruzarse para increparle su dolor y su bronca. Pero a pesar del enojo, la voz de Lucía suena dulce, aterciopelada como la de una abuela. Lucía siente rabia y se lamenta por las repercusiones que tuvo la difusión de su historia por la pantalla chica. Dice que la afectó enormemente en su “trabajo” en el barrio de Constitución, donde tiene su parada desde hace alrededor de seis años, y también en su salud, que ya estaba un poco averiada: después de que saliera al aire el informe en el que apareció de rostro y cuerpo entero, sin que por lo menos le borronearan las facciones, quedó internada en la Unidad Coronaria del Hospital Ramos Mejía, adonde todavía permanece con un problema cardíaco.
El episodio fue revelado por Página/12 en una columna de esta cronista, a partir de la denuncia de una monja, Olga Copite, de la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo, que junto con otras religiosas y también laicas recorren las calles de Constitución para acompañar a las mujeres que se ven obligadas a ganarse la vida como Lucía. Olga conoce a Lucía desde hace varios años. Y por estas horas, la visita con frecuencia en el hospital.
El hecho generó un debate al interior de distintos ámbitos periodísticos, entre ellos el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que conforman más de 270 socios, entre ellos, Magdalena Ruiz Guiñazú, Daniel Santoro (del diario Clarín), María Seoane (flamante directora de Radio Nacional), y Edgardo Esteban (corresponsal de Telesur). Fopea emitió esta semana un comunicado en el que repudió la utilización de la cámara oculta para arrancar el testimonio de Lucía. “Resulta evidente que, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, la cámara oculta del programa 70.20.10 arrasó con el derecho a la intimidad de la persona que apareció en el informe citado. El Código de Etica de Fopea, como muchos otros en el mundo, promueve el ‘tratamiento honesto de la información’, y en este caso ni siquiera se tuvo en cuenta que la víctima, de avanzada edad, podría ver afectada su salud al hacerse público un testimonio que ella intentó mantener en reserva en todo momento”, señala el comunicado de la entidad (ver aparte).
También cuestionaron el accionar del programa integrantes de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (PAR), la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar–Nacional), Elena Reynaga, y la presidenta del Inadi, María José Lubertino (ver aparte). Página/12 se comunicó con la producción del programa de Gelblung, pero desde allí se aclaró que no harían declaraciones.
Intimidad robada
“Después que salí en el programa me puse nerviosa, me agité. Ahora el médico me dijo que no puedo caminar más que una cuadra”, se lamenta Lucía, en el hall de entrada a la Unidad Coronaria del Ramos Mejía. Hasta hace unos minutos estaba acostada en una de las camas de la habitación colectiva del hospital que comparte con otras mujeres, la mayoría afectadas por el mal de Chagas. En el hall hay algunas sillas y se puede conversar con más tranquilidad, sin miradas curiosas.
Lucía está en camisón celeste, con tres botoncitos y alguna puntilla, de mangas largas y cuello cerrado. Calza pantuflas blancas. Sobre los hombros se acomodó un pulóver verde, tejido a mano, por si corre aire fresco. Por suerte, la tarde está cálida y no hace tanto frío.
Es difícil imaginar a Lucía “trabajando” en Constitución: tiene el aspecto de una abuela de Barrio Norte o Recoleta. No hay dudas de que tuvo en el pasado un buen pasar. Los cabellos claros, teñidos para ocultar las canas, los tiene prolijamente peinados hacia atrás con una vincha. Sus manos están cuidadas, y el rostro, sin maquillar, resplandece, a pesar de que lleva dos semanas de internación. Lucía aparenta bastantes menos años de los que tiene. Los ojos son claros, la piel también, muy blanca. Cuenta que es viuda desde hace unos treinta años, que su marido era un industrial y que ella tuvo una vida acomodada. “Me daba con cada gente que vos no sabés –se da corte, y sonríe con picardía–. Pero el corralito me aplastó. Perdí todo después del corralito”, dice. Entre sus pérdidas enumera un departamento propio, que tenía hipotecado y cuyo crédito no pudo pagar más. “Llegó un momento en que no tenía ni un peso para tomar un colectivo”, agrega.
Cuenta que vivió con su hija un tiempo pero que la relación entre ambas, que ya no era buena, se fue deteriorando y se terminó yendo de la casa. A la calle. “Estuve en la calle, uno o dos días pasé hambre, veía un café con leche y se me iban los ojos. Entonces, agarré para la iglesia de Lima y Constitución. Desde la oficina donde antes trabajaba veía siempre la punta de la iglesia. Tenía hambre, estaba con lo puesto”, el relato de Lucía se corta. Las palabras se le apagan con la congoja y el llanto. El recuerdo de aquel día la quiebra. “Y ahí llegué”, dice tragando lágrimas. Olga, la hermana de la Congregación de las Oblatas, le acaricia el hombro, le toma una mano, trata de consolarla.
Lucía cobra una pensión no contributiva, pero le queda poco, unos 200 pesos, porque tiene una deuda que está saldando. Vive en una pensión de Constitución, donde alquila una pieza pequeñita con un baño, por la que paga 850 pesos. Y tiene una lista de medicamentos extensa que debe comprar cada mes para sus nanas. Hasta caer internada, todos los días esperaba en su “parada” desde las tres de la tarde la llegada de sus “amigos”. “Quizás el encanto que tengo es que soy educada. Allá (en Constitución) eso vale, al menos para ciertas personas”, dice. Después de su salida en la tele, no apareció más ninguno de sus “amigos”.
Lucía tiene otro hijo, que la llama cada tanto pero que tiene problemas de salud y no puede ayudarla.
El día que la notera la encontró “yo estaba sentadita en mi sitio donde siempre me siento. Entonces, ella me dijo: ‘¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estás trabajando? Nosotros somos periodistas y queremos hacerte una nota’. Yo le dije: ‘No, por favor, notas no doy’. ‘Pero le vamos a hacer una preguntita nada más sobre Constitución’, me insistió. ‘Yo no voy a dar ninguna nota porque yo tengo familia, no los quiero perjudicar’”, dice Lucía que le dijo a la notera. Incluso, cuenta que le increpó que a ellas, las mujeres en situación de prostitución, suelen escracharlas mostrándolas sin borronearles el rostro, mientras que sí protegen la identidad de personas involucradas en delitos. Lucía dice que la notera le aseguró que la cámara estaba apagada, que siguieron conversando porque ella le creyó que no la filmaba, que así le contó que tenía 77 años, algunos achaques en la salud y otras cuitas.
Al día siguiente de ese encuentro, Lucía les contó a Olga y a otras integrantes de la congregación lo que le había pasado: que sólo había hablado con la cámara apagada. Enorme fue su sorpresa cuando el sábado 11 de julio salió al aire 70.20.10, y en uno de los informes “periodísticos” mostraron su rostro y sus comentarios, sin ningún filtro. En el mismo informe también fueron enfocadas algunas travestis y a ellas sí les borronearon la cara. “Me dio mucha rabia. Me gustaría encontrarla y decirle que es una sinvergüenza, que hizo una nota que la robó”, dice Lucía. “Todo el mundo vio el programa. Si pasaba gente por Constitución y me gritaba: ‘Te vimos en la tele’”, dice, indignada.
El informe con su rostro fue repetido en otros programas de otros canales. “Se han reído a carcajadas de mí”, se entristece. Le duele que mucha gente que la conocía y no sabía de su vida se enterara así por la TV sobre su intimidad, que ella se encuentra en situación de prostitución. “Me da vergüenza ir a ver gente que yo conocía porque ahora deben de saber que yo estoy donde estoy. Y antes nadie lo sabía. Quedé como una basura, como cualquier cosa. Moralmente me han perjudicado. Me han hecho mucho daño. A los ladrones les tapan la cara con la campera, pero a las mujeres, en general, las enfocan bien y las muestran”, se queja. Cuenta que no es la primera vez que las chicas que “trabajan” en Constitución tienen problemas con las cámaras de TV. “Hay periodistas que nos viven persiguiendo a las travestis y a las mujeres. Las chicas no quieren salir en la tele. Hay de todo en Constitución, van mujeres que necesitan ganarse el pan para darles de comer a sus hijos, para comprarles la ropita, mujeres a las que los maridos las han dejado. Las mujeres grandes hacen la de ellas y se van a sus casas. No quieren que las filmen”, dice Lucía.
Después de su aparición televisiva, Lucía casi no tuvo “trabajo”. Sus “amigos” ya no fueron a verla. Hoy está internada.
El fin de las “whiskerías”
Fuente: Página 12. (8 agos. 2009)
Por Mariana Carbajal
General San Martín, una pequeña localidad de La Pampa, prohibió el funcionamiento de cabarets y whisquerías “que trabajen con alternadoras”, y se convirtió así en el segundo municipio de esa provincia en poner fin a la habilitación de locales nocturnos, que en la práctica son fachadas de prostíbulos donde se explota sexualmente a mujeres víctimas de redes de trata. Desde el gobierno pampeano, el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, envió una carta a todos los concejos deliberantes de la provincia, en la que los invitan “formalmente” a seguir el mismo camino, y donde les señala “que la trata de personas es el más inhumano de los tratos”.
El secretario de Derechos Humanos pampeano, Rubén Funes, por su parte, dirigió a mediados de julio una nota a todos los concejos deliberantes de la provincia en la que invita a imitar la reforma normativa de Santa Rosa. “Respetamos la autonomía de los municipios pero les advertimos que la trata de personas es el más inhumano de los tratos”, dijo Funes a este diario. La Pampa es señalada en un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como provincia de destino y tránsito en las rutas de las redes de trata, que suelen reclutar, con propuestas engañosas o aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social y económica, a sus víctimas en provincias del norte argentino o en países limítrofes.
Después de la decisión tomada en Santa Rosa, inédita en el país, General San Martín cerró los cabarets como forma de combatir la trata de mujeres para explotación sexual. El gobierno pampeano instó a vedarlos en toda la provincia.
Por Mariana Carbajal
General San Martín, una pequeña localidad de La Pampa, prohibió el funcionamiento de cabarets y whisquerías “que trabajen con alternadoras”, y se convirtió así en el segundo municipio de esa provincia en poner fin a la habilitación de locales nocturnos, que en la práctica son fachadas de prostíbulos donde se explota sexualmente a mujeres víctimas de redes de trata. Desde el gobierno pampeano, el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, envió una carta a todos los concejos deliberantes de la provincia, en la que los invitan “formalmente” a seguir el mismo camino, y donde les señala “que la trata de personas es el más inhumano de los tratos”.
El primer municipio en quebrar el aval del Estado a la explotación sexual de mujeres en burdeles fue Santa Rosa, dos meses atrás, por votación unánime del Concejo Deliberante, a partir de una iniciativa del intendente Francisco Torroba, del Frepam, un frente que agrupa a radicales y socialistas. Pero en General San Martín, la derogación de la normativa local no fue consensuada: dos de los seis concejales que integran el cuerpo se abstuvieron de apoyar la reforma. Uno de ellos, Daniel Pereyra, de la Junta Vecinal Frente para el Cambio, con un argumento muy peculiar: sostuvo que antes de tomar esa decisión se debería acordar con otros municipios de la región qué hacer al respecto, “ya que de cerrar el local acá se perjudica a la gente que concurre porque van a ir a otros pueblos”, y además “se estaría perjudicando comercialmente a la localidad ya que las mujeres que trabajan (en el prostíbulo que estaba habilitado) alquilan y consumen acá”. Así consta en la “orden del día” de la sesión legislativa del 29 de julio, en la que se votó el tema, y que lleva la firma de la presidenta del Concejo Deliberante, la justicialista Claudia Moor. El otro edil que no quiso prohibir la habilitación de prostíbulos fue Alejandro Galinsky, del Frepam: consideró que es mejor que continúen abiertos con permiso municipal para poder controlarlos; es más, dijo que deberían estar habilitados en todo el país.
En General San Martín existe sólo un burdel, en la avenida de acceso al pueblo. La localidad está situada sobre la ruta 35, 180 kilómetros al sudeste de Santa Rosa. Tiene unos 3000 habitantes.
La concejal Moor fue una de las impulsoras del cambio normativo. Desde 2002 regía una ordenanza que permitía la habilitación de “whisquerías” y “cabarets”. Y otra que reglamentaba la explotación de la prostitución ajena al exigir a las “coperas”, empleadas en esos locales nocturnos, la inscripción en un registro en la intendencia, la tramitación de una libreta sanitaria, su renovación anual y la realización mensual de exámenes ginecológicos en el hospital local, Luis Agote, para detectar infecciones de transmisión sexual, cuyo fin no era otro que proteger la salud de los “clientes”. Este esquema normativo está vigente en otros municipios de La Pampa y de otras provincias como Río Negro, Misiones y Santa Cruz, a pesar de que desde 1937 están prohibidas en el territorio argentino las “casas de tolerancia” por la ley nacional Nº 12.331 de Profilaxis.
La concejal Moor fue una de las impulsoras del cambio normativo. Desde 2002 regía una ordenanza que permitía la habilitación de “whisquerías” y “cabarets”. Y otra que reglamentaba la explotación de la prostitución ajena al exigir a las “coperas”, empleadas en esos locales nocturnos, la inscripción en un registro en la intendencia, la tramitación de una libreta sanitaria, su renovación anual y la realización mensual de exámenes ginecológicos en el hospital local, Luis Agote, para detectar infecciones de transmisión sexual, cuyo fin no era otro que proteger la salud de los “clientes”. Este esquema normativo está vigente en otros municipios de La Pampa y de otras provincias como Río Negro, Misiones y Santa Cruz, a pesar de que desde 1937 están prohibidas en el territorio argentino las “casas de tolerancia” por la ley nacional Nº 12.331 de Profilaxis.
“Estábamos haciendo lícita una actividad ilícita, donde muchas veces se esclaviza a las mujeres, negándoles sus derechos. Sabemos que no vamos a poner así fin al problema de la trata de personas, pero no es lo mismo regentear un prostíbulo con una habilitación municipal en la puerta que un local clandestino”, señaló Moor a Página/12. Siete años atrás, cuando se aprobó la ordenanza que avalaba el funcionamiento de burdeles en General San Martín, Moor era secretaria de Gobierno y tenía a su cargo el Consejo de la Mujer local. “Tal vez antes no veíamos el problema como hoy. Sabemos de la existencia de redes de trata, que hay chicas desaparecidas, que organizaciones no gubernamentales están trabajando para denunciar este flagelo. Vimos lo que hizo Santa Rosa y queremos acompañar esa política”, explicó la edil. Los cuatro concejales que votaron el cambio normativo son oficialistas: el gobierno local está en manos del justicialista Raúl Zurbrigk. El intendente promulgó la ordenanza el jueves 30, un día después de su sanción. El viernes 31, el único burdel del pueblo fue clausurado, aseguró Moor.
Dos meses antes, el 28 de mayo, el Concejo Deliberante de la capital pampeana dio el primer paso en ese mismo sentido: prohibió la apertura de locales nocturnos como cabarets y whisquerías y estableció que los tres que están habilitados deben cerrar sus puertas cuando caduquen sus permisos, hecho que ocurrirá a lo largo de este año.
A partir de esa reforma, inédita en el país, una forma de decirle “no a las redes de trata” en esa ciudad, el diputado Adrián Peppino, del Frepam, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de resolución en el que le pide al Ejecutivo de La Pampa que “arbitre las medidas necesarias” para que cese el funcionamiento de locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, en el territorio de la provincia. “Partimos del eje de que ninguna mujer nace para puta. O es explotación o es trata lo que ocurre en las whisquerías o cabarets, es decir, hay delito”, indicó Peppino a este diario.
El secretario de Derechos Humanos pampeano, Rubén Funes, por su parte, dirigió a mediados de julio una nota a todos los concejos deliberantes de la provincia en la que invita a imitar la reforma normativa de Santa Rosa. “Respetamos la autonomía de los municipios pero les advertimos que la trata de personas es el más inhumano de los tratos”, dijo Funes a este diario. La Pampa es señalada en un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como provincia de destino y tránsito en las rutas de las redes de trata, que suelen reclutar, con propuestas engañosas o aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social y económica, a sus víctimas en provincias del norte argentino o en países limítrofes.
Primer procesamiento a un proxeneta en un caso de trata de personas en La Pampa
Fuente: Página 12 (22 jul. 209)
Por Mariana Carbajal
El negocio de O. J. U. empezó a temblar cuando una joven boliviana fue a la comisaría de 25 de Mayo para hacer un trámite migratorio y se quebró ante un policía. Entre lágrimas, la muchacha contó que había llegado al país engañada, que le habían dicho que iba a trabajar como bailarina en Rosario y que la habían llevado a la ciudad de Santa Rosa y luego a esa localidad, cercana a la capital pampeana, y que debía prostituirse en el local nocturno El Rancho para poder pagar las deudas que el mismo viaje le había generado. El juez federal Zelaya comprobó que el propietario del burdel les pagaba a las mujeres reclutadas en Bolivia y Paraguay una serie de gastos, de modo que ellas quedaban endeudadas y se veían obligadas a ejercer la prostitución para devolver el dinero, ya que no tenían otra fuente de ingresos.
Al ser indagado, el imputado defendió su ocupación y negó que tuviera a las mujeres esclavizadas. Sus argumentos son más que curiosos: “El concepto que la mayoría de la gente tiene de las personas que, como yo, se dedican a este negocio es el equivocado. Para mí es un negocio como el que hacía antes, de comprar y vender vacas”, argumentó, según trascendió en la prensa local. Dijo que hacía varios años que se dedicaba a explotación sexual, aunque no lo consideraba como un emprendimiento ilegal: “Hace cinco años que estoy en el negocio y ahora que me falta poco para salirme no me voy a poner a hacer cosas raras”. Alegó además que “ninguna de las chicas está encerrada y hace lo que no quiere hacer”. “La única gente que las obliga a trabajar y mandar dinero es la familia”, afirmó. “Las chicas se gastan casi toda la plata en ropa o bebidas y lo que no gastan lo tienen que girar a la familia”, detalló. La joven que hizola denuncia contó que solían beber cerveza para poder soportar mejor la situación que vivían.
En el auto de procesamiento, el juez federal de Santa Rosa consideró que no se puede hablar de la posibilidad de que mujeres víctimas de trata puedan dar un consentimiento para resultar explotadas sexualmente. “Aún en la actualidad se sigue gastando energía en la discusión sobre el consentimiento de estas personas para ser objeto de estas prácticas, lo cual permite ocultar el verdadero problema: que no se trata de un trabajo pactado en igualdad de condiciones. Es como confundir el consentimiento en la violación y en la prostitución.” Es por ello que “el foco debe ser puesto sobre quien explota situaciones objetivamente comprobadas, sea que las haya generado o que simplemente se aproveche de ellas”, sentenció el magistrado. “El vínculo que el imputado generaba con las mujeres que trabajaban en el local hacía que se endeudaran con él. Así, sin dinero para decidir cuándo volver a su país, ejerciendo una actividad estigmatizante,peleadas con sus madres debido a su trabajo, cualquier idea de libertad se desdibuja, por más que se encuentren en un lugar sin restricciones físicas”, fundamentó Zelaya. El fallo consigna además que “sabido es que en materia de trata para la prostitución todavía rige en muchas mentes la ilusoria idea de la prostituta feliz que puede entrar y salir de la prostitución lucrativa, y se desconoce que se trata de víctimas que son vendidas y revendidas como mercaderías”. O como ganado.
Las localidades pampeanas de 25 de Mayo y Catriel y las neuquinas de Rincón de los Sauces, Añelo, Cutral-Có y Plaza Huincul integrarían un circuito unido por algo más que la explotación de hidrocarburos: la Justicia sospecha que en ese circuito opera una red de tratantes que hacen “circular” a mujeres que ejercen la prostitución en condiciones cercanas a la esclavitud. El juez Zelaya dio ese argumento para negar la libertad del propietario de El Rancho: “Tengo en cuenta la seriedad del delito” que “denuncia algo más que cuentapropismo en la empresa criminal, y autoriza a sospechar al menos de una organización de muchísima más envergadura”, señaló el magistrado.
La ley 26.364 diferencia la trata de mayores de 18 años de la de menores. Para que se configure el delito en caso de mayores de edad debe probarse que hubo “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta”. Organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo que esa diferenciación conspira contra la persecución del delito y protege a los tratantes: las amenazas a las que están expuestas las víctimas muchas veces las obligan a declarar que están en un burdel o un taller textil clandestino por su propia voluntad.
En el caso de que las víctimas sean menores de edad, la pena prevista es de 4 a 15 años de prisión. Cuando son mayores, de 3 a 10 años.
LA SITUACION DE LAS VICTIMAS
“No debe otorgarse valor definitorio a las declaraciones de las víctimas cuando dicen estar en el lugar de explotación por su propia decisión y voluntad, pues lo que la figura penal exige es determinar, principalmente, si esa voluntad no está viciada por la existencia de algunas de las siguientes modalidades: amenaza, engaño, fraude, violencia, cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad.” En ese sentido se pronunció recientemente la Cámara Federal de Mar del Plata al confirmar el procesamiento de dos imputados por el delito de trata de personas. Sostuvo el tribunal que “las particulares circunstancias personales de las femeninas, su situación familiar y económica evidencian un grado de debilidad y vulnerabilidad tal que es demostrativo prima facie de que aquél (el consentimiento) se encontraba afectado de alguna u otra manera por las características particulares de los sucesosprevios o por la desamparada situación en que se encontraban las víctimas antes de su reclutación”.
Causas con pocos procesados
Por Mariana Carbajal
El fallo sostiene que las víctimas, mujeres de países limítrofes, debían ejercer la prostitución para afrontar la deuda que habían contraído con el proxeneta. Es el primer procesado por trata en esa provincia, sobre un total de treinta en todo el país.
Por Mariana Carbajal
Desde hace poco más de un año, fueron rescatadas 362 víctimas, 254 mayores y 108 menores.“Para mí es un negocio como el que hacía antes, como comprar y vender vacas”, defendió, sin eufemismos, su forma de ganarse la vida el dueño del cabaret El Rancho, de la localidad pampeana de 25 de Mayo, donde se explotaba sexualmente a mujeres traídas de países limítrofes. O. J. U. –tal sus iniciales– declaró así ante el juez federal de Santa Rosa, Pedro Zelaya, y se acaba de convertir en el primer procesado por el delito de trata de personas en esa provincia, considerada como lugar de destino y también de tránsito en las rutas de la esclavitud sexual en la Argentina. El magistrado consideró que O. J. U. “recibió y acogió en su local comercial a mujeres provenientes de Paraguay y Bolivia, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad socioeconómica y familiar”. En una interpretación relevante de los alcances de la nueva ley, Zelaya evaluó que aunque las mujeres no estaban encerradas y podían salir del burdel conlibertad, no se trataba de un trabajo “pactado en igualdad de condiciones”. “Es como confundir el consentimiento en la violación y la prostitución”, argumentó. Desde su entrada en vigencia, hace poco más de un año, se registró casi una treintena de procesamientos por el delito de trata, la mitad de ellos en la provincia de Buenos Aires, uno en Corrientes, uno en Salta y seis en la Capital Federal, según un relevamiento de la Procuración General de la Nación, al que accedió Página/12. En total, en ese período fueron rescatadas 362 víctimas –254 mayores y 108 menores–, en allanamientos realizados por fuerzas federales en distintos puntos del país, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
El negocio de O. J. U. empezó a temblar cuando una joven boliviana fue a la comisaría de 25 de Mayo para hacer un trámite migratorio y se quebró ante un policía. Entre lágrimas, la muchacha contó que había llegado al país engañada, que le habían dicho que iba a trabajar como bailarina en Rosario y que la habían llevado a la ciudad de Santa Rosa y luego a esa localidad, cercana a la capital pampeana, y que debía prostituirse en el local nocturno El Rancho para poder pagar las deudas que el mismo viaje le había generado. El juez federal Zelaya comprobó que el propietario del burdel les pagaba a las mujeres reclutadas en Bolivia y Paraguay una serie de gastos, de modo que ellas quedaban endeudadas y se veían obligadas a ejercer la prostitución para devolver el dinero, ya que no tenían otra fuente de ingresos.
Al ser indagado, el imputado defendió su ocupación y negó que tuviera a las mujeres esclavizadas. Sus argumentos son más que curiosos: “El concepto que la mayoría de la gente tiene de las personas que, como yo, se dedican a este negocio es el equivocado. Para mí es un negocio como el que hacía antes, de comprar y vender vacas”, argumentó, según trascendió en la prensa local. Dijo que hacía varios años que se dedicaba a explotación sexual, aunque no lo consideraba como un emprendimiento ilegal: “Hace cinco años que estoy en el negocio y ahora que me falta poco para salirme no me voy a poner a hacer cosas raras”. Alegó además que “ninguna de las chicas está encerrada y hace lo que no quiere hacer”. “La única gente que las obliga a trabajar y mandar dinero es la familia”, afirmó. “Las chicas se gastan casi toda la plata en ropa o bebidas y lo que no gastan lo tienen que girar a la familia”, detalló. La joven que hizola denuncia contó que solían beber cerveza para poder soportar mejor la situación que vivían.
En el auto de procesamiento, el juez federal de Santa Rosa consideró que no se puede hablar de la posibilidad de que mujeres víctimas de trata puedan dar un consentimiento para resultar explotadas sexualmente. “Aún en la actualidad se sigue gastando energía en la discusión sobre el consentimiento de estas personas para ser objeto de estas prácticas, lo cual permite ocultar el verdadero problema: que no se trata de un trabajo pactado en igualdad de condiciones. Es como confundir el consentimiento en la violación y en la prostitución.” Es por ello que “el foco debe ser puesto sobre quien explota situaciones objetivamente comprobadas, sea que las haya generado o que simplemente se aproveche de ellas”, sentenció el magistrado. “El vínculo que el imputado generaba con las mujeres que trabajaban en el local hacía que se endeudaran con él. Así, sin dinero para decidir cuándo volver a su país, ejerciendo una actividad estigmatizante,peleadas con sus madres debido a su trabajo, cualquier idea de libertad se desdibuja, por más que se encuentren en un lugar sin restricciones físicas”, fundamentó Zelaya. El fallo consigna además que “sabido es que en materia de trata para la prostitución todavía rige en muchas mentes la ilusoria idea de la prostituta feliz que puede entrar y salir de la prostitución lucrativa, y se desconoce que se trata de víctimas que son vendidas y revendidas como mercaderías”. O como ganado.
Las localidades pampeanas de 25 de Mayo y Catriel y las neuquinas de Rincón de los Sauces, Añelo, Cutral-Có y Plaza Huincul integrarían un circuito unido por algo más que la explotación de hidrocarburos: la Justicia sospecha que en ese circuito opera una red de tratantes que hacen “circular” a mujeres que ejercen la prostitución en condiciones cercanas a la esclavitud. El juez Zelaya dio ese argumento para negar la libertad del propietario de El Rancho: “Tengo en cuenta la seriedad del delito” que “denuncia algo más que cuentapropismo en la empresa criminal, y autoriza a sospechar al menos de una organización de muchísima más envergadura”, señaló el magistrado.
Los límites de la ley
La ley 26.364 diferencia la trata de mayores de 18 años de la de menores. Para que se configure el delito en caso de mayores de edad debe probarse que hubo “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta”. Organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo que esa diferenciación conspira contra la persecución del delito y protege a los tratantes: las amenazas a las que están expuestas las víctimas muchas veces las obligan a declarar que están en un burdel o un taller textil clandestino por su propia voluntad.
En el caso de que las víctimas sean menores de edad, la pena prevista es de 4 a 15 años de prisión. Cuando son mayores, de 3 a 10 años.
LA SITUACION DE LAS VICTIMAS
Engaños y amenazas
Por Mariana Carbajal
Por Mariana Carbajal
“En ocasiones se suele arribar a la errónea conclusión de que la víctima fue captada, transportada o receptada con finalidad de explotación sólo si no tiene en el lugar en donde se la explota suficiente libertad ambulatoria o suficiente capacidad de comunicación con el mundo exterior”, señaló a Página/12 el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Unidad de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas (Ufase), de la Procuración General de la Nación. Con la preocupación de que en algunos juzgados se interprete la ley de trata de forma tal que favorezca a los tratantes y los deje impunes, en la Ufase están trabajando en la redacción de un instructivo para que los fiscales “entiendan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de trata”, explicó Colombo, que coincidió con los argumentos del juez federal de Santa Rosa (ver nota central).
“No debe otorgarse valor definitorio a las declaraciones de las víctimas cuando dicen estar en el lugar de explotación por su propia decisión y voluntad, pues lo que la figura penal exige es determinar, principalmente, si esa voluntad no está viciada por la existencia de algunas de las siguientes modalidades: amenaza, engaño, fraude, violencia, cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad.” En ese sentido se pronunció recientemente la Cámara Federal de Mar del Plata al confirmar el procesamiento de dos imputados por el delito de trata de personas. Sostuvo el tribunal que “las particulares circunstancias personales de las femeninas, su situación familiar y económica evidencian un grado de debilidad y vulnerabilidad tal que es demostrativo prima facie de que aquél (el consentimiento) se encontraba afectado de alguna u otra manera por las características particulares de los sucesosprevios o por la desamparada situación en que se encontraban las víctimas antes de su reclutación”.
Causas con pocos procesados
Por Mariana Carbajal
El procesamiento del dueño del prostíbulo de La Pampa es el primero que se produce en esa provincia por el delito de trata de personas. Pero ya hubo algunos otros, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde en Mar del Plata se dictaron 6; en Morón, 3; en Tres de Febrero, 1; en San Martín, 2; en La Plata 2, y en Lomas de Zamora 1, de acuerdo con el relevamiento que lleva el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Unidad de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas (Ufase). Hubo seis procesamientos en el ámbito de la Justicia de la ciudad de Buenos Aires, uno en Salta, otro en Corrientes y siete en Misiones (cuatro en Eldorado y tres en Posadas). En algunos casos la explotación a la que se los vincula es laboral y en otros para prostitución. La cifra, sin dudas, es pequeña, si se tiene en cuenta que hasta el 29 de junio fueron detenidas 238 personas, en diversos allanamientos realizados por fuerzas federales en distintasprovincias, en los cuales fueron rescatadas 362 víctimas, 254 mayores y 108 menores de 18 años, según la estadística que lleva el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Primeras jornadas nacinonales abolicionistas sobre prostitución, trata de mujeres, niñas y niños
Fuente: Urbanas en red (14 jul. 2009)
Se desarrollarán en noviembre en Buenos Aires, y entre sus ejes temáticos se tratarán problemas vinculados a la prostitución, la violencia de género, el feminismo abolicionista, las mafias, los proxenetas, clientes y turismo sexual.
Entre el 27 y 28 de noviembre de este año, se llevarán a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, las “Primeras Jornadas Nacionales Abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres y niñas/os”, convocadas por diversos colectivos identificados con el movimiento de mujeres y los derechos humanos.
Ellos son La Caldera-Colectiva feminista, Mujeres de las Orillas, Feministas en Acción, Seminario de DDHH con perspectiva de género, AMMAR Capital, la Asociación de Mujeres Argentinas por los DDHH, el Taller permanente de la Mujer-Librería de Mujeres, ATEM “25 de noviembre”, Mujeres Libres, Mujeres del periódico “El Espejo” y Feministas independientes.
Entre los ejes temáticos de las Jornadas se destacan tópicos tales como “El feminismo abolicionista”, “Patriarcado, capitalismo y prostitución”, “Mafias, proxenetas y clientes”, “Prostitución, trata y guerras” y “Turismo sexual”.
También se expondrá y debatirá sobre la atención a las víctimas de trata y prostitución, los marcos jurídicos y sociales, las políticas públicas y la responsabilidad del Estado y otras instituciones.
Se desarrollarán en noviembre en Buenos Aires, y entre sus ejes temáticos se tratarán problemas vinculados a la prostitución, la violencia de género, el feminismo abolicionista, las mafias, los proxenetas, clientes y turismo sexual.
Entre el 27 y 28 de noviembre de este año, se llevarán a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, las “Primeras Jornadas Nacionales Abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres y niñas/os”, convocadas por diversos colectivos identificados con el movimiento de mujeres y los derechos humanos.
Ellos son La Caldera-Colectiva feminista, Mujeres de las Orillas, Feministas en Acción, Seminario de DDHH con perspectiva de género, AMMAR Capital, la Asociación de Mujeres Argentinas por los DDHH, el Taller permanente de la Mujer-Librería de Mujeres, ATEM “25 de noviembre”, Mujeres Libres, Mujeres del periódico “El Espejo” y Feministas independientes.
Entre los ejes temáticos de las Jornadas se destacan tópicos tales como “El feminismo abolicionista”, “Patriarcado, capitalismo y prostitución”, “Mafias, proxenetas y clientes”, “Prostitución, trata y guerras” y “Turismo sexual”.
También se expondrá y debatirá sobre la atención a las víctimas de trata y prostitución, los marcos jurídicos y sociales, las políticas públicas y la responsabilidad del Estado y otras instituciones.
Quienes deseen presentar ponencias para este evento, deberán hacerlo antes del próximo 30 de setiembre a jornadasabolicionistas2009@yahoo.com.ar con copia aatem@cpacf.org.ar, o dangelomarcela@fibertel.com.ar. También funcionará como lugar alternativo de información y recepción de trabajos la “Librería de Mujeres” (Pje. Rivarola 175, altura Perón 1300, Buenos Aires), Tel. 153-0135 607 de 10 a 20 hs.
Una lucha difícil
El aumento de la violencia contra las mujeres y concomitantemente de la prostitución y la trata han alcanzado niveles de cuya magnitud aún no tenemos cabal conciencia. La escasez de datos estadísticos elaborados por los organismos oficiales a nivel local nacional e internacional, sobre la cantidad de mujeres prostituidas y víctimas de la violencia de estas redes, sobre la composición de estas mismas y sus complicidades y la renta que la explotación de la prostitución ajena proporciona, hacen que resulte muy difícil la lucha contra la misma.
A todo esto se suman las tendencias actuales que pretenden considerar a la prostitución “trabajo” o diferenciar entre “libre” y “forzada”, y las legislaciones que se han ido apartando del sistema abolicionista, único que posibilita un marco jurídico y teórico, para encarar que la protección de las víctimas y la persecución de los delincuentes.
“Por esto, nos parece imprescindible analizar las situaciones nacionales e internacionales, políticas, sociales y económicas así como las complicidades patriarcales que posibilitan el desarrollo de la explotación de las mujeres y niñas”, indican las organizadoras.
“Nos interesa profundizar sobre el marco teórico y político del abolicionismo para desarrollar una política feminista que proporcione herramientas para seguir avanzando en este camino que nos hemos propuesto y que sea integrador de todos los aspectos de esta perspectiva”, agregan.
Las más vulnerables
El lugar social de las mujeres como principales y en muchos casos únicas responsables de la reproducción de la especie y el sostenimiento de la vida, y las prácticas que instauran la desigualdad entre varones y mujeres, que significan para éstas mayor pobreza, menores recursos, descalificación, consideración como objetos sexuales, las hacen más vulnerables frente a las crisis, la pobreza y la desocupación.
El abolicionismo pretende un mundo sin prostitución. Pero ello no puede ser el resultado de la represión, sino de sociedades y Estados capaces de generar puestos de trabajo y condiciones de vida dignas, vivienda, salud y educación particularmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad social.
“Hoy ser abolicionista es luchar contra la represión de las mujeres y demás personas en situación de prostitución y contra toda forma de promoción o facilitación de la prostitución, de trata y de explotación de la prostitución ajena, ya sea por parte de los estados, de ‘fiolos’, proxenetas, organizaciones mafiosas, medios de prensa u otras formas de publicidad”, indica la convocatoria a estas Jornadas, agregando que “para el abolicionismo la prostitución en sí misma no es un delito; sí lo es explotar la prostitución de otras personas”.
Si bien la trata de mujeres no es nueva y tiene tantos siglos como el patriarcado, siempre ha sido utilizada principalmente un medio para proveer de mujeres al “mercado” de la prostitución, que se constituye sobre la base de la demanda de los “clientes” y la organización de las mafias.
“Entendemos que el abolicionismo es el sistema que puede aportar en la elaboración de políticas de erradicación de la explotación sexual, ya que la defensa de los derechos de las humanas es intrínseco a sus postulados”, finaliza la convocatoria de las organizadoras.
viernes 10 de julio de 2009
Fiscales unifican metodo para evitar trata de personas
Fiscales de todo el país elaboran un protocolo para unificar métodos de investigación de casos de trata de personas, al que tendrán acceso las justicias y las policías de todas las provincias que son las que tienen el primer acceso a este delito federal.
Buenos Aires, 8 de julio (Télam).- El anuncio fue formulado por la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, al sintetizar una de las conclusiones de las jornadas realizadas en Córdoba por el Consejo Nacional de Política Criminal de la República Argentina que preside la funcionaria bonaerense.
En ese marco, procuradores y fiscales generales de todo el país se reunieron en talleres de aprendizaje para el abordaje del delito de trata de personas y avanzaron en la elaboración de un protocolo investigativo para combatir el flagelo con criterio común para las justicias y policías de todo el país.
"Dimos un verdadero puntapié inicial para trabajar en las provincias en la lucha contra el flagelo de la trata de personas, para trabajar con todos los operadores que tengan vinculación con este delito que si bien está legislado recientemente y pertenece a la órbita federal, las provincias tienen un papel preponderante porque muchísimas veces aparece encubierto dentro de otro delito, como una violación, un abuso sexual", dijo Falbo.
Añadió que "resulta sumamente importante dejar en claro que los Ministerios Públicos de las provincias deben atender con especial interés la denuncia e investigación de aquellos delitos que, como la corrupción o explotación de menores o las denuncias de desaparición de personas o fuga del hogar, guardan estrecha relación con la trata de personas".
La Ley de Trata rige en Argentina desde el año pasado y castiga con penas de entre tres y 15 años de prisión el tráfico de personas con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos.
La norma, cuyo número es 26.364, fue promulgada el 29 de abril de 2008 y entró en vigencia al día siguiente, con su publicación en el Boletín Oficial.
El encuentro contó con la presencia de los procuradores nacionales Eduardo Quattropani (San Juan y Presidente del Consejo de Procuradores Nacionales), Enrique Lilijedal (Catamarca), Eduardo Canteros (Chaco), Miguel Angel Piñero (Misiones), Liliana Piccinini (Río Negro), Pablo Viñals (Salta), Fernando Estrada (San Luis).
Además participaron los fiscales generales Germán Garavano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Darío Vezzaro (Córdoba), Lizzi Malvasio (fiscal adjunto Córdoba), José Claudio Ana (La Rioja), Mario Alberto Tribug (Neuquén), Luis de la Rúa (Santiago del Estero) y Luis de Mitri (Tucumán). http://www.terra.com.ar
Fuente: Boletín Alianza para tus derechos (9 jul. 2009)
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