Trata de personas: no llegan a 20 los condenados en todo el país

A pesar de que la trata de personas ya está tipificada en el Código Penal de la Argentina desde hace poco más de tres años, los condenados en todo el país por este grave delito no llegan a 20 personas. El 30 de abril de 2008 entró en vigencia la Ley 26.364, específica para la “prevención, sanción y asistencia a sus víctimas”, pero no hay estadísticas oficiales que especifiquen la cantidad de sentencias judiciales. Ante la falta de esas cifras, Tiempo Argentino hizo un relevamiento periodístico e identificó a seis condenados sólo en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe.
Paradójicamente, las ONG que luchan contra este flagelo calculan que existe medio millón de personas esclavizadas, sobre todo en la industria textil, el trabajo rural y el ámbito prostibulario. La mayoría llega de países limítrofes, como Bolivia y Paraguay, pero también son reclutadas en las provincias de Misiones, Formosa y Chaco. Según la ONG La Alameda, el número de mujeres explotadas sexualmente asciende a 20 mil, y de acuerdo a un informe de la ONU del año 2010, la mayoría de las víctimas “proviene de situaciones de inestabilidad económica donde ni sus necesidades básicas, ni las de sus familias están satisfechas y sin medios reales de mejorar socialmente debido a sus bajos niveles de educación”.
El vicepresidente de La Alameda, Mario Ganora, sostuvo que “para que existan esas grandes redes de trata debe haber una red de protección de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial y del aparato político”. También agregó que, a partir de investigaciones realizadas por la ONG, pudieron advertir “la complicidad de fiscales del Poder Judicial de la Nación, que están desobedeciendo instrucciones específicas del procurador Esteban Righi para no hacer las investigaciones y clausura de prostíbulos”.
La provincia de Santa Fe fue la primera en aplicar una condena por el delito de trata, según lo estipulado en la Ley 26.364. Ocurrió el 27 de noviembre de 2009 cuando el tribunal oral federal de esa ciudad sentenció a diez años de prisión a Julia Arminda Núnez, de 55 años, acusada de ser un eslabón clave en el reclutamiento de dos mujeres, una de ellas menor de edad, que actualmente está desaparecida. Bajo la promesa de darles trabajo como empleadas domésticas, convencía a las chicas y a sus familiares para que las entreguen, para luego ponerlas en manos de una red prostibularia que operaba en la localidad bonaerense de América. El caso terminó de cerrarse el 1 de junio de este año, cuando la justicia provincial condenó por el mismo delito a Juan Ramón “Pollo” Rojas, a 17 años de prisión.
En Entre Ríos se sentenció a cuatro años y medio de cárcel a Roberto Eduardo Sander, por explotar en 2008 a una joven formoseña en su cabaret de Villaguay. Este año, en la misma provincia, Emanuel Oscar Baldomir recibió una condena de tres años de prisión condicional por un hecho ocurrido en la localidad de Strobel, cuando intentó trasladar a una mujer para obligarla a ejercer la prostitución.
En Córdoba, en mayo de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 encontró a Hugo Ramón Palacio culpable como autor penalmente responsable del delito de trata de personas menores de edad con fines de explotación, agravado por la utilización de engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad de las víctimas, en grado de tentativa.
En la misma provincia, hace cinco años, hubo dos casos resonantes que vincularon el mundo de la prostitución con el de las fuerzas policiales. Aunque aún no estaba en vigencia la ley de trata, hubo condenas ejemplares. En julio de 2006, la Cámara del Crimen de Bell Ville sentenció a 14 años de prisión a Jorge Luis González, dueño del prostíbulo Puente de Fuego, de directa llegada con la policía local, en la ciudad cordobesa de Inriville. Allí, un grupo de jóvenes eran sometidas a ejercer la prostitución, además de sufrir torturas dentro de una cueva donde permanecían atadas. El tribunal también sentenció a tres años y medio a Valeria Calderón y a tres años a Vanesa Luisina Payero y Carolina Soledad Zapata, las tres mujeres que en el juicio declararon espontáneamente para admitir que ejercían la prostitución en ese local.
En diciembre del mismo año, el ex cabo Gabriel Eduardo Jalil, de 36 años, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por ocho años por los delitos de promoción y facilitación de la prostitución de mujeres mayores.
En abril de 2010, en Misiones, fueron condenados Noemí Helfistaich, quien regenteaba un burdel en la localidad de Andresito, y Francisco Loureiro a 15 y diez años de cárcel, respectivamente, por los delitos de trata y tráfico de persona.
Si bien los fiscales y especialistas reconocen que la sanción de la Ley 26.364 agilizó la coordinación entre las jurisdicciones al considerar a la trata un delito federal, muchos de ellos coinciden en que la legislación es insuficiente (ver recuadro). También señalan varios obstáculos a la hora de profundizar las investigaciones y desentrañar la madeja de complicidades que esconden las redes del comercio sexual.
Daniel Pablovsky, a cargo de la Fiscalía Correccional Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, le confesó a Tiempo que hay dos problemas principales: “Hay un conflicto de índole procesal, ya que el sistema de procedimiento es antiguo y obstruye las investigaciones sobre estos temas. También faltan equipos de investigación que dependan directamente del investigador, sobre todo cuando se ha determinado, en muchas ocasiones, vínculos entre las fuerzas policiales y las estructuras vinculadas a este tipo de delitos.”
La titular de la fiscalía del distrito 3 de Córdoba capital, Hebe Flores, también es una especialista en temas que involucran la explotación sexual a mujeres. En diálogo con este diario, señaló que “la trata es una consecuencia de la naturalización de la prostitución que funciona por las leyes del mercado. Hay un cliente que consume el servicio y un proxeneta que lo ofrece. Hay que empezar a hablar con claridad y decir que la trata es una forma de violencia de género y responde a patrones socioculturales.”
Y agregó que “la forma más efectiva de combatir a las redes es coordinar fuerzas entre el ámbito local, provincial y nacional y rodearse de un grupo de profesionales de estrecha confianza. No alcanza con meter preso al dueño del prostíbulo. Hay que avanzar hacia la red de complicidades que existen, ya sea el poder policial o político.” Un claro ejemplo de impunidad lo protagonizó el propio ex jefe de la División de Trata de la Policía Federal, Jorge Omar Fernández, quien fue separado de su cargo en junio pasado luego de que lo acusaran de conformar una asociación ilícita dedicada a coimear y regentear prostíbulos (ver recuadro).
Este tipo de locales están prohibidos en el país por ley desde el año 1936, pero la normativa se incumple en todos los rincones de la Argentina. En la mayoría de los casos están encubiertos bajo el nombre de whiskerías o boliches “Clase C”. En Santa cruz, por ejemplo, existe el barrio prostibulario más grande del país. Allí hay 20 burdeles distribuidos en dos manzanas, uno al lado del otro. Hace pocos años, la jueza local los clausuró, pero un mes atrás la Cámara Federal provincial determinó su reapertura.
A tres años de sancionada la Ley 26.364, todos los especialistas coinciden en que el nivel de condenados por este tipo de delitos es muy bajo. Algunos, como la titular de la Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata (RATT), Viviana Caminos, aseguran que ese número alcanza a los 20. Sin embargo, la diputada por la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, sostuvo que “hay menos de 20 condenas. Y no son las personas grosas, ni las que mueven a las chicas.” En el mismo sentido, el vicepresidente de La Alameda, Mario Ganora, advirtió que “en general, son perejiles. Las grandes redes de proxenetismo no están capturadas.”



Fuente: Tiempo Argentino

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