"Córdoba es 'el Mercado de Liniers' de la trata de personas"

la voz 8/5/2011

Mercedes Assorati, una especialista que trabajó para la Organización Internacional de Migraciones, aseguró que en el país la situación es grave. Alertó sobre la violencia en la provincia.

La trata de personas es un delito de lesa humanidad; sin embargo, el abigeato tiene una pena mínima más alta. En Argentina es más grave robar una vaca que esclavizar a un trabajador o sexualmente a una mujer”. La comparación forma parte del análisis de Mercedes Assorati, una especialista en el delito de trata de personas. La politóloga coordinó el proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas en la Argentina de la Organización Internacional de Migraciones y en la actualidad trabaja en el “Programa Esclavitud Cero” de la Fundación El Otro.

El jueves último realizó una visita fugaz a Córdoba, para participar de un acto del Consejo Asesor del Instituto de Planificación Estratégica de Políticas Públicas (Ipepp) del Frente Cívico, al que asesora.

Antes, dialogó con La Voz del Interior y brindó un minucioso punto de vista, en el que planteó críticas a la nueva ley de trata de personas (fue aprobada en abril de 2009) y advirtió que en Argentina este delito avanza gracias a la complicidad policial y política. Alertó que el crimen organizado tiene cada vez más poder en el país e indicó que Córdoba es un punto neurálgico en las redes transnacionales que esclavizan a mujeres.

–Al igual que lo que sucede con el narcotráfico, en el caso de la trata es clave que las redes no podrían funcionar sin complicidades estatales.

–Las organizaciones hemos empezado a denunciar los casos de trata en cortes internacionales porque los remedios judiciales no están funcionando en Argentina. En la trata tenemos una violación de los derechos humanos en la que por lo menos existe una omisión del Estado. Si bien el delito es cometido por particulares, para cometerlos necesitan del aparato estatal: los prostíbulos están prohibidos por ley en todo el país, desde la década de 1930, pero los municipios los habilitan exigiendo libretas sanitarias a supuestas alternadoras que nada más deberían servir copas; hay una tradición centenaria de protección policial a la trata y los talleres clandestinos; la Afip no investiga a nadie y el Ministerio de Trabajo tampoco se mete mucho.

–Sobre la nueva ley de trata pesan cuestionamientos, sobre todo en cuanto al escaso monto de las penas.

–Nuestra crítica fundamental es a la diferenciación entre las víctimas menores y mayores de 18 años, porque a las mayores las obliga a demostrar que no habían brindado su consentimiento, es decir que invierte la carga de la prueba. Y enfrenta a estas mujeres, por lo general pobres y con escasa instrucción, a las amenazas del crimen organizado y a abogados muy bien pagos, mientras que a ellas las asisten defensores oficiales. Muchas veces las víctimas no tienen conciencia de su situación de explotación, de que no es legal que les retengan el documento, de que se les limite la libertad ambulatoria, etcétera. Nadie puede renunciar a sus derechos humanos. Por eso, pedimos que sea erradicado el tema del consentimiento. De ahí, también cuestionamos el tema de las penas: según las leyes, en el país el abigeato tiene una pena mínima más alta que la trata. La trata es un delito de lesa humanidad, pero sin embargo el abigeato y la violación agravada tienen penas mínimas más altas. Entonces, un violador que es detenido por abusar reiteradamente de una chica puede alegar que en realidad la estaba “ablandando” para trata, y así lograr una pena menor. Esa es la incongruencia. Es una ley sólo para proteger a las menores.

–En la red latinoamericana de trata es llamativa la incidencia de Argentina.

–Argentina tiene una situación grave, y hoy se encuentra por encima de Brasil y Colombia, en cuanto a gravedad, según el número de víctimas rescatadas. En el país está muy naturalizada la explotación de la mujer y de los inmigrantes. Y la Justicia no tiene una respuesta contundente: las causas se van dilatando, hay conflictos entre las distintas competencias judiciales, además de la corrupción policial que estanca varias investigaciones. Existe un alto nivel de impunidad, las investigaciones no llegan al vértice de las organizaciones, ¿quiénes van presos? Los que regentean los prostíbulos, los taxistas que trasladan a las chicas, es decir, los “perejiles” de estas organizaciones, que pueden ser cambiados muy rápido. No hay indagaciones sobre las redes, que son internacionales, cómo operan, quiénes están arriba de todo.

–Córdoba siempre aparece mencionada en el mapa nacional de la trata.

–Córdoba es una provincia con mucho reclutamiento y explotación. Es un nudo de comunicación clave. En el ámbito de la trata, se llama a Córdoba “el Mercado de Liniers”, ya que aquí hay compraventa de mujeres. Estas chicas permanecen en un prostíbulo entre una semana y 45 días, por lo que es clave la denuncia inmediata de cualquier caso, que debe hacerse siempre en los juzgados, jamás ante la Policía. En Córdoba hay reclutamiento, explotación y tránsito de mujeres esclavizadas, y, según las investigaciones, aquí se destacan a nivel nacional por la violencia de los tratantes contra esas mujeres.