Impulso anti explotación sexual en Río Negro



Un proyecto de ley que prohíbe el funcionamiento de cabarets, redactado por las legisladoras Carreras y Diéguez, fue aprobado por unanimidad en primera vuelta. No persigue la prostitución autónoma sino la explotada por terceros. Busca combatir la trata de personas y modifica el Código de Faltas.

La Legislatura de Río Negro dio media sanción a la prohibición y clausura en toda la provincia de los sitios en los que se lucre con la prostitución ajena. La norma, que no persigue a la prostitución ejercida de forma autónoma sino el proxenetismo, busca establecer un marco legal que permita al Ejecutivo accionar contra el delito de la trata de personas. Obtuvo aval unánime en primer vuelta, abrió el debate y volverá a discutirse el 10 de agosto en el recinto.

El proyecto fue elaborado por las legisladoras del oficialismo Arabela Carreras y Susana Diéguez a pedido del gobernador Alberto Weretilneck. Si bien algunos municipios habían avanzado con normas similares para el ámbito local, de aprobarse la ley todas las comunas deberán amoldarse a la disposición. Río Negro será la segunda provincia en producir una legislación de este tipo, después de Córdoba, que lo hizo hace pocas semanas.

La ley apunta al rol que cumplen los cabarets, casas de tolerancia, whiskerías, clubes nocturnos, etc. como destino de mujeres captadas contra su voluntad por el crimen organizado. Dispone la prohibición e inmediata clausura de todos los locales en los que -bajo cualquier denominación- sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros. Por otra parte, incorpora cambios a los artículos 75 bis y 75 ter del Código de Faltas de Río Negro, estableciendo la sanción con arresto de hasta 60 días, no redimible por multa, para quienes violen esta prohibición. Asimismo, prevé que de realizarse procedimientos en los que se detecten personas ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria, la autoridad de aplicación deberá resguardar de manera integral sus derechos.

Las autoras de la ley coinciden en que la legislación apunta fundamentalmente a un cambio cultural. "Una ley no va a modificar las cosas de la noche a la mañana, pero es la punta de lanza para abordar un tema que es mucho más profundo", señala Diéguez, quien remarca la necesidad de que el Ejecutivo avance en un programa provincial de lucha contra la trata. En opinión de Carreras "la provincia está en condiciones de combatir estas actividades "comerciales", pero la explotación del sexo ajeno se combate con una transformación cultural de la que toda la sociedad debe ser parte". "Por un lado hay que prohibir, por el otro fiscalizar y por el otro es indispensable que todas las partes estén involucradas en generar una consciencia diferente en torno a la temática, sino muy difícilmente vayamos a deshabilitar esta red que consume y ofrece este tipo de 'servicios'", concluye.

Las autoridades de aplicación serán el ministerio de Gobierno, la Policía de la provincia y los municipios que adhieran a la ley.

Al ser consultado por este medio el secretario de Seguridad, Miguel Bermejo, afirmó que se trabaja en el desarrollo de una "suerte de consejo provincial" en la órbita de la cartera que conduce, del que formen parte todos los intendentes y se aborde este tipo de problemática. "Hay que empezar a cortar todos los elementos que puedan hacer que el crimen organizado respecto a la trata pueda encontrar un campo fértil sobre el que desarrollarse, como son los prostíbulos", afirma y enfatiza en la necesidad de abordar el tema desde el ámbito local. "Después viene el trabajo en la capacitación de las fuerzas y abarcar no sólo la prevención sino también de asistencia a las víctimas". Bermejo remarcó que la trata de personas es un delito de competencia Federal y son los organismo nacionales los encargados de perseguirlo, enfatizando que el rol provincial será apuntar a los sitios que facilitan el desarrollo de estas actividades ilícitas.

Uno de los puntos polémicos de la nueva ley es que se incluye a la Policía como una de las autoridades de aplicación, siendo que esta fuerza está señalada por organismos internaciones y especialistas como facilitadora de la trata, como un eslabón importante en la cadena del crimen organizado. Sobre este punto la legisladora Diéguez remarcó la presencia de Ariel Gallinger, nuevo jefe de la fuerza provincial, durante la discusión del proyecto porque "la mayor complicidad del proxenetismo es con la policía". Graficó que "donde hay cooperadoras policiales actúa el proxeneta y si hay una mujer que quiere trabajar sola la fuerza la persigue hasta que cae en manos del explotador".

La prohibición de los prostíbulos trae aparejado otro debate que se vincula a cómo hacer para no llevar, aún más, a la actividad que se ejerce de forma voluntaria al ámbito de la clandestinidad, y por lo tanto, a las mafias que operan en ese contexto. Asimismo, existe la opinión de que leyes de este tipo difícilmente conllevan la desaparición de los prostíbulos, sino que favorecen su clandestinización y privan al Estado de la única posibilidad de controlar la profilaxis de las personas que ejercen la prostitución, la salubridad de los lugares e incluso fomentan la evasión impositiva.

Se trata de una discusión más amplia que incluye el debate que opone, por un lado, a organizaciones de meretrices que piden la regulación de la prostitución y que la actividad sea reconocida como un "trabajo", a otras que la entienden como una forma de explotación y cosificación de las mujeres y apuntan a erradicarla con políticas públicas que abran otras posibilidades de inserción para quienes se ven obligadas a vender su cuerpo para subsistir.

De hecho, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina de la CTA trabaja en un proyecto de ley nacional que reglamente el ejercicio de la prostitución autónoma. Un debate abierto que no podrá ser obviado por las instancias de decisión públicas mucho tiempo más.

Fuente: Rigys

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