ROSARIO: Complicidades y olvidos. El caso Candela y la realidad Rosarina

El asesinato de Candela Rodríguez vuelve a mostrar la red de complicidades que hay detrás de los negocios de la prostitución infantil, por un lado, y el narcotráfico, por otro. “Hay gobiernos enteros que se caen si se lucha en serio contra estos comercios”, dice la hermana Martha Pelloni, en relación a estos hechos. Un reciente hecho policial en la zona oeste rosarina revela una denuncia publicada en febrero de 2002 cuando, desde estas mismas columnas, aparecieron los resultados de una investigación legal llevada adelante por integrantes de una fuerza de seguridad nacional que apuntaba la connivencia policial en la jurisdicción de la comisaría séptima.


En aquella ocasión el trámite judicial se perdió en algunos allanamientos y una posterior clausura de la causa donde había nombres de oficiales policiales que luego ascendieron hasta el presente. Aquellas complicidades y aquellos olvidos repiten la matriz: chicas paraguayas tomadas como rehenes, explotadas sexualmente y la convivencia con funcionarios públicos. Consecuencias de un fenomenal negocio invicto más allá de la conmoción que ha causado el caso de Candela.

Prostitución y gobiernos.

-Hay prostituyentes. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. No nos pueden venir a decir que se trata de un problema cultural. Porque todo se enseña y todo se aprende. No nos podemos resignar a no hacer nada ante la prostitución. Se trata de un fenomenal negocio que viene de arriba hacia abajo y del cual dependen varios gobiernos – dice con claridad, serenidad y firmeza la hermana Martha Pelloni desde su modesta oficina en el colegio Santa Teresa, en la ciudad correntina de Goya, en la provincia de Corrientes, en diálogo con este cronista.

La monja que fuera la síntesis del hartazgo popular ante el abuso de los hijos y entenados del poder catamarqueño en los tiempos del asesinato de María Soledad Morales, hoy está al frente de una organización que se llama “Infancias robadas”, a través de la cual viene denunciando el secuestro de identidad y la posterior explotación sexual de decenas de chiquitos y chiquitas de todo el país, especialmente del litoral argentino.

-El caso Candela tiene mucha relación con la lamentable naturalización del comercio sexual con criaturas. Y esto no puede ser – agrega Pelloni y advierte que los gobiernos provinciales, municipales, comunales y nacionales no están exentos de distintos niveles de complicidad con este negocio.

Un tráfico que tiene en la provincia de Santa Fe una serie de postas que, generalmente, están relacionadas con las rutas del narcotráfico.

Redes privadas y oficiales que necesitan amparos políticos, judiciales y policiales, como se denunció –desde estas columnas- en febrero de 2002.

¿Hasta dónde es real el grado de compromiso que se recita ante las cámaras de parte de los funcionarios de los diferentes gobiernos?.

Mientras tanto, los casos rosarinos de explotación sexual remiten –una vez más- a las sociedades entre sectores civiles y policiales que no pudieron ser desarmadas durante la democracia.

Rosario, 2011.

“Dos mujeres que regenteaban una casa de citas en la zona de la terminal de ómnibus están detenidas por intervenir en una historia de sórdidos pormenores vinculados a la explotación sexual. Una de ellas, de 38 años, está imputada de privación ilegítima de la libertad de dos jóvenes de nacionalidad paraguaya. El caso afloró en junio pasado, cuando las dos chicas, de 20 años, aprovecharon un descuido de la regente para pedir a una conocida que denunciara la situación y escapar por una ventana de un patio. Cuando un patrullero llegaba tras el llamado al 911 sus dos ocupantes, un sargento de apellido Britos y un cabo de apellido Romero, advirtieron a las dos jóvenes descolgándose por los techos de la vivienda donde, según ellas, estaban retenidas”, comenzaba la nota escrita por el periodista Hernán Lazcano en el diario “La Capital”, del pasado martes 13 de setiembre de 2011.

Agregaba que el miércoles anterior “efectivos de una división especial contra la Trata de Personas del D5 de la Jefatura de Santa Fe llegó a Rosario a allanar la vivienda de dos plantas, ubicada en Castellanos 488, a tres cuadras de la comisaría 7ª. Una zona donde los vínculos entre prostitución y delito tienen triste fama: a cuatro cuadras de allí, en 2004, fue asesinada Sandra Cabrera. La medida procuraba pruebas requeridas por la fiscal Viviana Baliche, encaminadas a definir si la situación es un caso piloto en Rosario sobre reducción a servidumbre y explotación sexual. Al no contar con habilitación municipal para comercio la vivienda fue clausurada en un operativo encabezado por la comisario inspector Mónica Viviani. En el lugar fue detenida Griselda R, de 24 años, a quien adjudican regentear el lugar. Su madre, Natalia R., de 38 años, está presa desde junio”.

Apuntaba que “Natalia R., a quien llaman Marcela, está imputada de los delitos de facilitamiento y explotación del ejercicio de la prostitución ajena, privación ilegítima de la libertad y cohecho pasivo. Griselda, según presumen los investigadores, adoptó el rol de encargada del lugar. Por ello fue indagada ayer. El novio de esta joven es, según fuentes del caso, un policía en actividad. Las chicas paraguayas se llaman Marcela S. y Sandra C. Son de Asunción. Ambas aceptan que se dedicaban a la oferta sexual pero dijeron que eran obligadas a permanecer en la vivienda de Castellanos 488 y a tolerar prácticas sexuales sin resguardos usuales, como la utilización del preservativo, que ponían en riesgo su salud. Hicieron un relato preciso de lo ocurrido el día del escape, 9 de junio, en la comisaría 7ª. Luego lo ratificaron en el juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo de Roxana Bernardelli, donde se inició el expediente 391/11. Una de las denunciantes paraguayas señaló que dos veces por semana un tal "Marcelo" pasaba por la casa a buscar 850 pesos que puntualmente le pagaba Natalia. Dada la histórica tradición de la tolerancia policial a cambio de dinero para consentir actividades de proxenetismo en el juzgado presumieron que el tal Marcelo podía ser un uniformado que cobraba a fin de permitir la actividad. Por eso Natalia R está imputada de cohecho pasivo: pagar una coima para llevar adelante su negocio sin obstáculos”, abundaba la excelente crónica.

Pero estas relaciones de la comisaría séptima con la prostitución de chicas paraguayas no es nueva.

Tiene una historia reciente.

Aquella que fue denunciada por una investigación desde esta misma columna en febrero de 2002.

Rosario, 2002

Una quincena de chicas, menores de veintiún años -muchas de ellas traídas del Paraguay-, eran explotadas en tres locales nocturnos ubicados en Callao al 100 bis, Callao al 200 y en Cafferata y Santa Fe, enfrente de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno en la ciudad de Rosario. Se las obligaba a ejercer la prostitución, no se les permitía abrir la heladera de los "escondites" en las que se encuentran hacinadas y debían pagar una suma de 500 pesos semanales a sus rufianes, a quienes tratan siempre de "don".

La información surgió de escuchas telefónicas legales que se llevaron a cabo en el curso de una investigación judicial que tiene otros objetivos y que, de pronto, se topó con esta forma de explotación de menores en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Urgía que la Justicia provincial rosarina se hiciera cargo de seguir esta línea de averiguaciones.

De las grabaciones surgían presuntas responsabilidades de integrantes de la Comisaría Séptima, no solamente por el conocimiento del negocio sino también por el otorgamiento de certificados de extravío de documentos para tapar la edad de las menores.

También aparecían sumas que supuestamente deben pagarse en concepto de coimas para distintas áreas policiales.

De acuerdo a los datos de UNICEF, más de un centenar de niños y niñas serían explotados sexualmente en Rosario.

"Esta pibita es jovencita"

Los diálogos de las escuchas telefónicas parecen formar parte de una novela de los años veinte, cuando en el viejo barrio de Pichincha, pegado a la estación de trenes Rosario Norte, florecían los burdeles y reinaba el poderío económico de la Swi Migdal, la sociedad que explotaba a las mujeres venidas de Polonia y Laponia, entre otros países europeos.

Sin embargo son palabras que describen hechos que se producen desde octubre y noviembre del año 2001 y que nadie sabe, con exactitud, cómo siguen creciendo y desarrollándose en el presente.

Hay que "decirle a Mirta que me mande algunas mujeres... con maridos, por ahora.

Que Mirta me la mande a la Eugenia... Sabe trabajar con marido", le señala una encargada de local a la otra.

El 25 de octubre de 2001 Mirta le contó a Lidia: "Capaz que te mando las argentinas mías. Las paraguayas no porque se van para cualquier lado, viste". Ese mismo día se verificó otra llamada en la que se decía que "son muy chicas. Para la puerta sirven. Es hasta que venga el otro grupo de Santa Fe". Los investigadores que están a cargo del caso apuntaron en el expediente que "queda demostrado el comercio de la prostitución. Las mujeres son tratadas como materia para ganar dinero sin importar las personas". Un día después, los propios encargados del seguimiento judicial señalaron que "Lidia comenta que recibió a una chica a comer que le llevó la Mirta. Tiene cinco. "Esta pibita es jovencita", remarcaron los profesionales.

"Estoy yendo con las chicas que se van a Paraguay. Acercate a la boletería que van para Posadas", le dice por intermedio de su teléfono celular Mirta a Lidia.

Le recomienda que utilice la empresa Crucero del Norte.

A mediados de noviembre, Mirta le hizo un nuevo pedido a Lidia. "Llamame a ver si esta chica para buscar los documentos (sic)... A descansar unos días. Esa piba no es mala, es buenita la piba, viste".

Hay bronca con parte de la policía. "Vamos a comer cascotes culpa de esos conchudos", se despachó Mirta.

Policías, documentos y dinero

El 30 de octubre de 2001 la comunicación abre el espectro del negocio a las potenciales conexiones policiales.

Llegaron "dos chicas de 18 (años) de Pergamino que son lindas, que buscan trabajo. Una posee documentos y la otra no. (Hay que) llevarlas a lo de F. para que le saque un papel de extravío". Las "chicas" están trabajando en El Monito, en Callao 127 bis.

-Ustedes tienen el libro al día, asentadas las mujeres...

-Lo único que faltaría serían las últimas que entraron ahora -expresa uno de los diálogos del 31 de octubre en el que se refleja la existencia de una prolija e ilegal contabilidad que habla del movimiento de "chicas" entre los tres locales nocturnos.

Otro de los llamados exhibe la dimensión del negocio. A través de los servicios de la empresa postal Western Union, de calle Córdoba y Buenos Aires, las "madamas" decidieron enviar dinero a la capital paraguaya el 4 de noviembre de 2001: "(Hay que) mandar 10 mil dólares a Asunción".

Pero ese dinero solamente es posible si existe una red de complicidades con quienes deben proteger la seguridad. Silvia le aconsejó a Lidia el 12 de noviembre: "Decile que vos vas a llamar a la 7ª. Averiguá bien. Hablá con F.. Decile que ahí está Minoridad. Que vos no tenés ninguna menor pero que te están pidiendo 50 pesos que hay que colaborar. Que F. se vaya hasta ahí. Que te dé un recibo de los 50 pesos que vos le das".

Ese día el tema de los llamados era la intromisión de los integrantes de Moralidad policial en las relaciones comerciales de las madamas y de los rufianes. Algo que, evidentemente, no estaban incluido en el presupuesto original.

-Es gente de Moralidad que está buscando problemas con nosotros. Le queremos hacer cerrar el escondite. Busca mierda.

-¿Todas son mayores de 22 años?

-La Rodríguez tiene 19 pero tiene documentos de 22.

-Ya tenemos el arreglo de lo nuestro.

-¿Ya le dieron 50 pesos en Callao?

-Acá anduvieron en todos los hoteles.

-Me estoy yendo para la comisaría...

Dos días después, Lidia tranquilizó a su interlocutora: "Hablé con F.. Me lo presentó al jefe. Le dieron la plata".

El diálogo que sigue es demostrativo de las distintas aristas del negocio.

-Tengo cuatro -le dice Silvia a Lidia.

-¿Cuatro qué?

-Cuatro chicas.

-Se fue una Paola...

-La santafesina...

-Sí... son todas caídas, y bueno, para nosotros ya le hicimos la cubierta...

Tengo orden, venga quien venga, que tengo que ir a hablar con F. -terminó contando Lidia.

Los términos del diálogo marcan algunos indicios sobre la edad de las "chicas" en palabras que recuerdan los tiempos del terrorismo de estado. Cuando se habla de "caídas" parece hacerse referencia a quienes ya no están en el negocio y no justamente por haber llegado a un acuerdo con las madamas o con los "dones", sino porque decidieron irse. Al mencionarse el tema de la construcción de la "cubierta", el concepto parece abarcar una doble dimensión. Por un lado, un rápido recambio de "chicas"; y por otro, la necesaria máscara de legalidad a través de las documentaciones que, de acuerdo a estas escuchas legales, surgen de algunos contactos con la Comisaría Séptima, ubicada en Cafferata al 300.

La última denuncia

Una trabajadora sexual reveló que pagaba a un agente de Moralidad Pública para ejercer su oficio tranquila, tituló "El Ciudadano", el pasado 24 de enero de 2004.

A menos de una semana Cabrera fue asesinada de un disparo en la nuca.

La denuncia que una trabajadora sexual radicó ayer en Tribunales contra la División Moralidad Pública de la Unidad Regional II dejó a la luz dos situaciones que, si las autoridades toman el tema, tiene suma gravedad institucional: que un policía cobraba regularmente dinero a esta mujer para permitirle prostituirse y que desde esa dependencia le anticiparon que la perseguirían si se integraba a la asociación gremial que nuclea a las mujeres de su oficio, Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina).

Stella Maris Longoni, es viuda, tiene 29 años y tres hijos. Según denunció en la Fiscalía número 1, y repitió luego ante este diario, el miércoles a la noche fue detenida por agentes de Moralidad Pública mientras ejercía la prostitución junto con dos compañeras en la esquina de San Lorenzo y Alsina.

Longoni manifestó su "sorpresa" por el arresto porque, según adujo, "le había pagado la cuota semanal de cincuenta pesos para no tener problemas" a un policía de esa misma dependencia. "Una vez que me trasladaron a la sede de Ovidio Lagos al 5200 me dijeron que este policía no trabajaba más allí. Y cuando les advertí a gritos que me iba a integrar a Ammar para no sufrir más atropellos, me dijeron que, en ese caso, iba ir presa todos los días", contó esta joven, que añadió haber sido "zamarreada y forreada" por los uniformados. Y también admitió su "temor" por las represalias que la policía podría tener hacia ella en el futuro.

"Soy madre de tres chicos y no sé qué voy a hacer porque me da miedo volver a la parada y que me vuelvan a detener", afirmó. Según planteó la mujer, desde hace siete años "pagaba una coima a Sergio Bermejo, un policía que hasta hace poco formaba parte de la división de Moralidad Pública, para poder trabajar tranquila" en una de las paradas habituales que existen en cercanías a la Terminal de Ómnibus, según relató.

"Inclusive, le di la cuota la semana pasada, pero después que me detuvieron me aclararon que no trabajaba más en ese lugar", prosiguió. Siempre de acuerdo a la misma versión una vez que Longoni fue derivada a la Jefatura policial, se le comunicó que "no había ningún arreglo" que le posibilitara ejercer la prostitución en la vía pública. En buen romance, esa afirmación brindada por un funcionario policial significaría el reconocimiento implícito de que antes sí cabía esa opción. Longoni siguió con su relato: dijo que montó en cólera y advirtió que realizaría la denuncia correspondiente. "Pero lo que más me llamó la atención -dijo- es que uno de los responsables de la dependencia me llevó a una habitación aparte y me sugirió que no hiciera ninguna denuncia porque él mismo le iba a decir a Bermejo que no me pidiera más plata", afirmó la trabajadora sexual, quien el miércoles estuvo detenida desde las 22.30 hasta las 12.30 del día siguiente. Según observó, no corrieron la misma suerte dos de sus compañeras, que fueron detenidas con ella en el mismo procedimiento. De acuerdo a la interpretación de Longoni, "ellas quedaron presas hasta el día siguiente porque no se quejaron".

Contrariamente, la postura de la mujer fue dar pelea ante un hecho que consideró "un total abuso" ya que les advirtió a los uniformados que iba a acudir a las integrantes de Ammar para no tener que seguir sufriendo "atropellos" de esa índole. Pero a pesar de que logró salir en libertad en dos horas, fue destinataria de palabras que interpretó como "una amenaza", proveniente del mismo que la había detenido en Alsina y San Lorenzo.

"Cuando me largaron, ese agente me dijo que, si bien quedaba libre ese día (el miércoles), la noche siguiente me iban a ir a buscar a la misma parada para detenerme y llevarme presa. Como tengo mucho miedo, ayer (jueves) no pude ir a trabajar y la verdad es que no sé quien le va dar de comer a mis tres chicos porque no tengo a nadie más a quien recurrir", concluyó la joven con desesperación.

Los muchachos de "Moralidad Pública"

El 10 de septiembre de 2003, tres miembros de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (Ammar) en Rosario presentaron una denuncia en los Tribunales contra los jefes de Moralidad Pública, a quienes acusaron de recibir dinero de boliches donde se practica la prostitución para impedir que recibieran clientes en la calle y cobrarles coimas para no interferir en su trabajo como prostitutas. Tal imputación, según otra denuncia, tuvo respuesta en forma de amenazas de muerte contra la titular local, Sandra Cabrera, e incluyeron ataques a golpes a tres integrantes de Ammar.

La primera denuncia provocó el relevo del jefe de Moralidad Pública, Javier Pinatti, y del subjefe, Walter Miranda. Y, ante la resonancia que adquirió el caso, la mujeres de Ammar se reunieron con el ministro de Gobierno, Carlos Carranza, para expresarle sus quejas por el accionar policial.

La saga de actos intimidatorios y golpizas que denuncia Ammar comenzó el 9 de octubre pasado. Ese día, según contó Cabrera, una amenaza telefónica fue recibida en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El mensaje lo recibió Julio Leiva, integrante de esa organización sindical. "Decile a Sandra que a la piba la va a encontrar muerta antes de mañana", dijo el interlocutor de Leiva del otro lado de la línea.

La piba a la que hacía referencia la persona que llamó era la hija de Sandra, que tiene 8 años. Cabrera estaba en Santa Fe y regresó con urgencia a Rosario.

Desde entonces, la casa de la dirigente de Ammar está custodiada todas las noches por efectivos de la sección Seguridad Personal.

El otro eslabón intimidatorio continuó algunos días después. Una denuncia anónima presentada en el juzgado de Menores Nº2 señalaba que "Sandra mandaba a la nena a mendigar y que no iba a la escuela". Una asistente social corroboró que la denuncia no tenía asidero.

La escalada siguió el viernes 17 de octubre. Una prostituta que trabaja en la esquina de San Lorenzo y Castellanos fue golpeaba con ferocidad. La mujer estaba en ese cruce cuando se acercó un ciclista y le propinó un tremendo "cadenazo" en la cabeza. La meretriz no perdió el conocimiento y, junto a efectivos de la comisaría 7ª, recorrió la zona en búsqueda del hombre que la había atacado pero no lo encontró.

En la madrugada del sábado 19 de octubre otra prostituta fue atacada en la esquina de San Lorenzo y Crespo. La golpiza fue tan cruenta que a la trabajadora sexual "le quebraron un brazo". El último mensaje violento fue el 24 de octubre.

Una chica esperaba a sus clientes en Santa Fe y Castellanos cuando se acercó un hombre que se movilizaba en una bicicleta y le asestó un puñetazo en la cara.



Fuente: Enredando. (14 sept. 2011)

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