“La Corte ha considerado que la trata de persona es una de las formas más violentas (de agresión) en contra de las mujeres y por lo tanto hay que dedicarle un trato especial”, dijo la ministra de la Corte Suprema de Justicia a cargo de la Oficina de la Mujer, Carmen Argibay, con motivo de la firma de un convenio de colaboración para enfrentar este delito.
El acuerdo fue suscripto entre el Alto Tribunal y los ministerios de Seguridad, y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representados respectivamente por Cristina Caamaño Iglesias Paiz y Julio Alak. Acompañaron a la ministra Argibay el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco.Argibay sostuvo que “la trata de personas es un delito que crece y se está transformando en una situación terrible en la República Argentina. En algún momento (Argentina) fue país de tránsito, pero ahora se ha convertido en país de tránsito y de destino”.
A través del acuerdo se pretende concretar tareas que contribuyan a desarrollar la formación, capacitación y sensibilización sobre la perspectiva de género para la prevención e investigación de ese delito. Asimismo, se promoverá el intercambio de datos y experiencias que contribuyan a la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de políticas.
La Oficina de la Mujer firmó el dos de mayo pasado un convenio con la Procuración General de la Nación y actualmente se encuentra trabajando en la capacitación de las fiscalías encargadas de las investigaciones en materia de trata de personas, informó Argibay.
La Oficina de la Mujer fue creada por la Corte por medio de la Acordada 13/2009 y desde entonces se plantea el desafío de lograr la equidad de género tanto para quienes utilizan el sistema de justicia como para aquellos que desempeñan sus funciones en el Poder Judicial.
El trabajo de la Oficina de la Mujer se enmarca en la política de estado tendiente a prevenir y terminar con cualquier tipo de violencia de género. Cabe destacar que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional incorporó la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
A ese marco legal se suma lo dispuesto por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, incluido en la ley 24.632, que obliga al Estado Nacional a implementar leyes y políticas públicas en ese sentido.
Además, el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.485, denominada Ley de Protección Integral a las mujeres, (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales).
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